ERISA: Aquí la Mala Fé es Buen Negocio
Los pleitos y los litigios fáciles no existen. Pero los pleitos de ERISA acerca de los planes de discapacidad patrocinados por los empleados pueden ser particularmente arduos y complejos: en primer lugar, porque las personas que han sufrido de incapacidades, sea de corto o sea de largo plazo, ya están condicionadas a sentirse vulnerables y abrumadas, pero también porque sus opciones pueden resultar ser limitadas.
Casi todos los estados de nuestro País, en sus propias leyes, exigen que las aseguradoras se comporten en “buena fé”. El problema surge porque los planes de los programas patrocinados por los empleadores deben obedecer el Acta de Employment Retirement and Income Security (ERISA), que es una ley federal y que tiene preferencia legalmente, sobre las leyes de los estados.
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¿Por qué es así? ¿Cómo pueden permitírselo? Porque la Corte Suprema dice que sí pueden. En su decisión del 2002, en el caso de Great-West Life v. Knudson, la Corte falló: “Hemos estado particularmente ‘reacios a molestar el sistema de controles’ que está involucrado en el código, a través de extensiones de remedios que no han sido autorizados específicamente en su texto. De hecho, hemos notado que el sistema de control y ejecución que se encuentra dentro de la ERISA presenta fuerte indicaciones de que el Congreso no tuvo la intención de autorizar remedios que hubiera posiblemente olvidado o pasado por alto. La decisión del caso Knudson fue por 5-4, o sea, no fue unánime pero la Corte todavía no se ha retractado sobre este asunto y no son muchos los expertos que esperan que lo haga en un futuro próximo.
En un nivel práctico esto significa que las aseguradoras enfrentan un riesgo menor si rechazan las aplicaciones por beneficios: Sin el temor de pleitos por mala fé, las aseguradoras enfrentan solamente los riesgos de perder beneficios obligatorios, o los que aun no han sido pagados, o el interés por esos beneficios, y los costes, incluyendo los costes legales. Según uno de los recientes pronunciamientos de la Secretaría del Trabajo, hace pocos meses, las empresas de seguros y los administradores de planes gozan de cualquier tipo de incentivo para rechazar aplicaciones.
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El acta de ERISA también significa que la mayoría de los litigios por beneficios de discapacidad serán vistos en cortes federales, y por un juez, y no por jurados. El caso de Knudson parece demostrar que los jueces están alentados a ser conservativos en sus asesoramientos – frecuentemente el criterio de revista no es si el rechazo fue errado, sino si fue “arbitrario y caprichoso”.
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